El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una reforma integral del sistema de transporte privado de pasajeros luego del fallo de la Justicia porteña que obligó a regular la actividad de las aplicaciones de viajes bajo criterios similares a los exigidos para taxis y remises. El nuevo esquema apunta a un doble objetivo: imponer mayores requisitos a plataformas como Uber, Cabify y DiDi, y al mismo tiempo flexibilizar la regulación histórica del servicio de taxis.

La decisión podría convertirse en un antecedente clave para otras provincias y municipios del país, donde el debate sobre las apps de transporte sigue abierto y, en muchos casos, sin una normativa clara.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acompañado por funcionarios del área de Transporte, legisladores y representantes tanto del sector taxista como de las empresas de aplicaciones.

Qué cambia para los choferes de aplicaciones

El principal cambio es que los conductores que trabajen mediante aplicaciones deberán contar con licencia profesional, un requisito que hasta ahora no era obligatorio en la Ciudad.

La medida implica que los choferes tendrán que:

ser mayores de 21 años;

tramitar un registro profesional;

tener la VTV al día;

contar con un seguro específico para transporte de pasajeros mediante aplicaciones.

El Gobierno porteño otorgará un plazo de 90 días desde la publicación oficial de la resolución para adecuarse a las nuevas exigencias.

Hasta ahora, la actividad funcionaba en una zona gris: las plataformas operaban masivamente, pero sin un marco regulatorio específico. El fallo judicial cambió ese escenario al exigir que la Ciudad estableciera reglas equivalentes a las que históricamente se aplicaron a taxis y remises.

La nueva regulación no prohíbe las aplicaciones ni limita su funcionamiento, pero sí las incorpora formalmente dentro del sistema de transporte urbano bajo estándares mínimos de seguridad y habilitación.

El modelo porteño: regular sin prohibir

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es el cambio de enfoque político y regulatorio.

Durante años, distintas provincias intentaron resolver el conflicto con Uber y otras apps mediante prohibiciones, multas o secuestros de vehículos. En la práctica, esas medidas no lograron frenar el uso de las plataformas.

La Ciudad eligió otro camino: reconocer la existencia del servicio y establecer condiciones de funcionamiento.

Ese criterio podría ser observado por otras jurisdicciones que enfrentan conflictos similares entre taxistas tradicionales y plataformas digitales. En varias provincias todavía no existe regulación específica, mientras que en otras las apps funcionan parcialmente habilitadas o judicializadas.

El esquema porteño busca acercarse a modelos ya implementados en países donde las aplicaciones operan legalmente, aunque bajo requisitos similares a los del transporte profesional.

Menos burocracia para los taxis

El otro eje de la reforma apunta al sistema de taxis, históricamente cuestionado por el exceso de trámites y costos administrativos.

l Gobierno porteño enviará a la Legislatura un proyecto para eliminar o simplificar múltiples requisitos que hoy rigen para los taxistas.

Entre los principales cambios aparecen:

posibilidad de usar vehículos de hasta ocho plazas;

habilitación de autos más pequeños y económicos;

eliminación de exigencias mínimas de baúl;

digitalización de credenciales;

eliminación de la obligación de turnos fijos;

fin de requisitos que no se aplicaban en la práctica, como el uso obligatorio de camisa.

También se eliminarían tasas vinculadas a renovación y transferencia de licencias, además de ciertos trámites notariales obligatorios.

La intención oficial es reducir costos operativos y permitir que el taxi compita en condiciones más cercanas a las plataformas digitales.

Un conflicto de más de diez años

La regulación llega después de una década de tensión entre taxistas y aplicaciones de viajes.

Desde el desembarco de Uber en Argentina, el sector de taxis impulsó protestas, denuncias y reclamos judiciales contra las plataformas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el uso masivo de las apps modificó el escenario: muchos taxistas comenzaron también a trabajar mediante aplicaciones para complementar ingresos y captar pasajeros.

Según datos oficiales, actualmente existen unas 17.000 licencias de taxi vigentes en la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora, el Gobierno porteño apuesta a un sistema mixto: menos rigidez para el taxi tradicional y mayores controles para las plataformas.

La discusión que se abre es si ese modelo podrá replicarse en otras provincias, donde el crecimiento de las aplicaciones ya transformó de hecho el mercado del transporte urbano, aun en ausencia de reglas claras.